Una madre de familia abordó una mototaxi para dirigirse a su domicilio, esto después de recoger a su menor hijo cuya institución educativa se ubica en el malecón Gálvez, ella solicitó que la llevarán al jirón Santa Ana, sin embargo cuando el vehículo se desplazaba en el jirón Arequipa, quiso cobrar dos soles, algo que la afectada consideró abusivo pues su niño tiene apenas cuatro años de edad.
Sin embargo, el mototaxista, identificado como Ever Manuel Laureano Tello, no entendió razones y obligó a la señora a bajarse del vehículo con su menor hijo a la altura del local del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de esta ciudad.
Luego de la denuncia en las redes sociales, el inspector de tránsito de la municipalidad, Miguel Rojas, hizo el seguimiento correspondiente y logró ubicar a la mototaxi de número 662, perteneciente a la empresa ETYPDIS, una mototaxi de color azul, de número de placa W7696 – 3.
El inspector le impuso la papeleta “vía 12” por un monto de 210 soles, luego el subgerente de tránsito de la comuna, Rodolfo Adama, indicó que esta infracción corresponde a, “elevar el pasaje sin conocimiento de la municipalidad”, lo que no significa que haya control de precios, sino que hay un acuerdo con las empresas sobre el costo del pasaje urbano que es de un sol, el área urbana.
La papeleta la debe pagar el infractor, o sea el chofer, pero de todas maneras se comunica a los gerentes de las empresas. El funcionario pidió que los usuarios que sean maltratados presenten su denuncia ante la municipalidad, asegurando que estás serán atendidas y los infractores sancionados.
El permiso de circulación definitivo se entregará en el mes de agosto, si es que el propietario de las mototaxis a las que se les impone papeletas por infracciones, no realiza el pago antes de esa fecha, tendrán problemas para acceder al permiso de circulación. Hay que recordar a los usuarios que son motivo de sanción si es que no recogen pasajeros, pudiendo hacerlo, por lo general la mayoría de conductores de vehículos menores no recogen a niños, ancianos o mujeres embarazadas, lo que se considera un maltrato.