Gerardo Aylas Guerra, representante de las juntas vecinales de Tarma, se mostró indignado con los funcionarios de las empresas Distriluz y Electrocentro porque no respondieron las preguntas e inquietudes de los usuarios que se han visto afectados con el cobro excesivo por el consumo de energía eléctrica durante el estado de emergencia sanitaria nacional.
Los funcionarios no han dado una explicación “clara y concisa”, a las interrogantes y reclamos de los usuarios, indicó Aylas Guerra; sobre los “cobros arbitrarios”, han dado “explicaciones distorsionadas”, que no convencieron ni satisficieron a los usuarios que esperaban respuestas claras.
Con relación al porqué, considerando que el Kilowatt/ hora es el mismo para todos los usuarios, en ciertos casos algunos pagan 0.73, otros 0.75 y en otros casos 0.77, se “desvían” y no responden. Además fustigó el hecho de que sea el usuario el que tenga que pagar el IGV, cuando es la empresa que vende la energía la que debería asumir ese pago.
Conclusión
A pesar de la falta de claridad en la explicación de los funcionarios de las empresas, se llegó al acuerdo que los usuarios no pagarán los recibos hasta que no lleguen los recibos, cono lecturas reales, del mes de mayo, ese acuerdo quedó plasmado en el acta. La reunión se suspendió hasta el 15 de junio, en la misma se espera contar con los funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).