El representante de los profesores cesantes y jubilados, Oscar Valverde, una vez más protestó por algunos casos que ocurren en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tarma, con el tema de los cesantes de la Ley 20530 y la bonificación especial del 30 % que les deben abonar, en el marco del pago de la deuda social, con la aclaración que muchos ya han ganado sus juicios, muchos de los casos están en archivo desde hace más de una año.
El representante se dirigió a la UGEL para poder saber cuándo les abonarán la bonificación especial, sin embargo obtuvo una respuesta que lo indignó. Uno de los asesores de la directora de la UGEL, Mabel Canorio Cárdenas, le dijo, de acuerdo a lo vertido por el docente, que en la UGEL no hay personal capacitado para sacar el porcentaje, que debe ser aplicado a su pensión o a otra remuneración que perciba el jubilado, el asesor le sugirió que busquen a un “perito judicial” para que saque esos porcentajes.
Cuestionó también a la funcionaria que está en el área del pago de deudas sociales, una señora de apellido Vizcarra, quien está desde hace tiempo en el puesto, pero no colma las expectativas de los usuarios, por eso solicitó que sea cambiada por un funcionario con capacidad. Además tuvo reparos con la contratación de un perito judicial, alegando que eso afectará sus “míseros” sueldos, pidió que se reorganicen (los cesantes) porque los presupuestos que han logrado que se desembolsen, corren peligro. Cabe indicar que los pagos de las bonificaciones están respaldados por sentencias judiciales favorables a los profesores jubilados.