La Defensoría del Pueblo envió el oficio 0004 – 2023 /OD – JUNÍN /MOD – LM al alcalde de la provincia de Tarma, Walter Jiménez Jiménez, para recomendar a su despacho; “disponer” a quien corresponda con carácter de “muy urgente”, cumpla con reincorporar a su centro de labores (Municipalidad Provincial de Tarma), a los cuatro ciudadanos que aducen haber sido despedidos arbitrariamente de su centro de trabajo, ellos tienen vigentes sus Contratos Administrativos de Servicios (adendas), al tener la condición de “CAS indeterminados”.
Otra de las recomendaciones que realiza la defensoría es, que se “proceda” a iniciar las investigaciones de los graves hechos materia de la presente queja, con el propósito que se determine la responsabilidad y sanción administrativa de los funcionarios que vulneraron el derecho laboral de los trabajadores despedidos.
También se le hace recodar que; las autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública, están obligados a responder por escrito, respecto a las decisiones adoptadas como consecuencia de las recomendaciones, sugerencias, recordatorios y advertencias que la Defensoría del Pueblo formule en el ejercicio de sus atribuciones.
EL DATO.
Con fecha 09 de marzo del 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31131 denominada “Ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público” que dispone que desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos son de carácter indefinido , motivo por el cual pueden ser despedidos por causa justa debidamente comprobada quedando exceptuados de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratado como CAS de confianza.
A los ciudadanos que presentaron su queja; Yoselina Sánchez Reyes, Liz Lobo Soto, Jhairo Mucha Paredes y María Gómez Álvaro, se les reconoce el vínculo laboral a plazo indeterminado.