La concejera regional por Tarma, Tatiana Arias Espinoza, indicó que no estuvo presente en las protestas del lunes ni en la mesa de diálogo del miércoles en Yauli (Jauja), sobre el tema de la JU – 103 debido a que tuvo que cumplir actividades propias de su gestión. El lunes concurrió a una sesión solemne del Concejo regional por el aniversario del departamento de Junín, que se realizó en Chanchamayo, mientras que el martes debió cumplir con la sesión ordinaria. Refirió que el concejero David Eslado, quien participó en la mesa de diálogo, fue amonestado.
Con relación a los acuerdos que ayer se tomaron en la mesa de diálogo, donde participó la viceministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Cáceres, dijo que los mantenimientos de vías en las zonas que han sido afectadas por el consorcio Vial Wanka, son medidas que ya se tomaron con antelación y, se supone, que estos trabajos se deben iniciar en los próximos días por parte del gobierno regional tal como fue el compromiso que ayer asumió, tanto en la provincia de Jauja como en la de Tarma.
EXPEDIENTE CON MUCHAS OBSERVACIONES.
De acuerdo a los compromisos del ente regional se realizará un nuevo expediente técnico en el que se considerará el pago de las afectaciones prediales (PACRI), sin embargo la concejera indicó que ese no es el único problema, en el primer expediente hay muchas otras falencias, no se contaba con varias autorizaciones, entre ellas del SERFOR y de otras instancias, por eso extraña que los funcionarios hayan aprobado ese expediente, por eso se está solicitando que el gobierno intervenga de manera directa y que se investigue a los que aprobaron ese expediente.
APLAUDE PROPUESTA DEL CONGRESISTA ILLICH LÓPEZ.
Arias Espinoza aplaudió la propuesta del Congresista por la región Junín, Illich López, para revisar y modificar la Le de Contrataciones del Estado. Es el primer congresista que se ha dado cuenta del problema de la Ley de Contrataciones con el Estado. Por eso ha “n obras” que están paralizadas, el perjuicio no solo es para el Estado que pierde dinero, sino para la población que al final no tiene la obra que se proyectaba por empresas que se aprovechan de los vacíos en esa ley para, muchas veces en complicidad con los gobiernos, cobrar el dinero sin haber concluido la obra o, entregando una obra de mal calidad, algo que ocurre en todo el país.