PROFESIONALES QUE ELABORARON Y EVALUARON EXPEDIENTE TÉCNICO ESTABAN INHABILITADOS PARA EJERCER SU PROFESIÓN.

Junín. – La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 80 836.00 en la obra de “Ampliación de los servicios funerarios en el Cementerio General de Huancayo – Primera etapa” que ejecutó la Sociedad de Beneficencia de Huancayo durante el periodo 2020.

El Informe de Control Específico 001-2024-2-0481-SCE reveló que durante la elaboración del expediente técnico se sobredimensionó el cálculo de metrados en la colocación de acero en lozas, tarrajeo de muros, enchapados y otros. También, el formulador del expediente técnico sobrevaloró el precio de materiales necesarios para la ejecución de la obra y en la ejecución se usaron otros no previstos en el contrato.  

La comisión de control evidenció que el arquitecto responsable de la elaboración del expediente técnico se encontraba inhabilitado para ejercer su profesión y no cumplió con presentar los requisitos exigidos por el perfil al no acreditar el tiempo de experiencia profesional de los profesionales clave para la elaboración del expediente técnico exigido en los términos de referencia.

Pese a estas deficiencias, los funcionarios responsables de la cotización y adjudicación del proceso le entregaron la Buena Pro.

También, el informe de control detalló que el Gerente de Planeamiento y Organización y el asesor jurídico de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo dieron opiniones favorables para ampliaciones de plazo solicitadas sin justificación, ni acreditación. Tal situación ocasionó un retraso injustificado de 36 días en la ejecución de la obra y que no se cobre las respectivas penalidades.

Respecto a la elaboración de los términos de referencia para contratar del equipo profesional encargado de la evaluación del expediente técnico, los funcionarios de la entidad recortaron injustificadamente el tiempo de cuatro (4) a dos (2) años de experiencia profesional necesarios y eliminaron otros requisitos indispensables.

Inclusive, uno de los ingenieros que conformaban la terna de evaluación se encontraba inhabilitado para ejercer su profesión, aun así, firmó la declaración jurada de estar habilitado, lo que pone en riesgo la validez del trabajo realizado.

Producto de estas irregularidades, la Contraloría identificó responsabilidad penal, civil y administrativa en siete funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Entre ellos están la encargada de servicios auxiliares, el subgerente de logística, la gerente de administración, el gerente de planeamiento y organización, además del gerente de asesoría jurídica, el subgerente de obras y proyectos y un arquitecto de esta última oficina.

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