- La colocación de estos reductores de velocidad (rompe – muelles) en la carretera central, en el tramo Tarma – Acobamba, ha despertado una serie de críticas por haber sido colocados improvisada y antitécnicamente.
Los conductores de vehículos que manejan en la carretera central, Tarma – Acobamba, se vieron sorprendidos por la colocación de reductores de velocidad, conocidos como “gibas”, rompe – muelles, la mañana del pasado jueves 5 de febrero del 2026.
Al mediodía y en la tarde del jueves se podía observar en las redes sociales una transmisión realizada por una persona no identificada en la que – en su narración – señalaba la colocación de esos dispositivos agradeciendo a la municipalidad de Acobamba (a su alcalde) y, manifestando que esa acción se había coordinado con Provias.
Sin embargo, más tarde, esas publicaciones fueron retiradas de las redes, algo que parece sospechoso. Hay quienes señalan que la colocación de los reductores de velocidad y la posterior transmisión en redes sociales fueron una “metida de pata”, del alcalde de Acobamba.
NO HAY SEÑALIZACIÓN.
Las señales preventivas (P-33A) de proximidad a reductores de velocidad tipo resalto deben colocarse como mínimo a 60 metros antes del obstáculo. Esta señalización busca alertar al conductor con suficiente antelación para reducir la velocidad de manera segura. Sin embargo esa señalización no existe.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
El objetivo de esta acción era evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito, sin embargo, la noche del mismo jueves, se produjo un accidente de tránsito por culpa de esos reductores. El conductor de un auto no se percató de los reductores, frenó de improviso al darse cuenta, una camioneta que iba en la misma dirección terminó chocando contra el auto. Accidente de tránsito por alcance.
El pasado lunes, en esa zona, se produjo un accidente de tránsito que dejó el saldo de una persona fallecida y dos heridas. La colocación de estos reductores se debería a este hecho, sin embargo, se realizó de manera antitécnica e improvisada, sin la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por lo que habría acciones legales contra la municipalidad acobambina.