Liberar las patentes de las farmacéuticas: ¿una solución para equilibrar la distribución global de las vacunas?

Desde que estalló la pandemia de coronavirus, a principios de 2020, la humanidad entera comenzó a mirar con ansiedad al futuro, anhelando una vacuna que pusiera fin a este repentino y gigantesco contratiempo mundial. La experiencia previa no alentaba demasiadas esperanzas sobre la posible creación rápida de un antígeno seguro y eficaz: las voces más optimistas daban un plazo de al menos un año medio para generar un antídoto mínimamente fiable.

Sin embargo, una decidida acción conjunta por parte de la comunidad científica, los poderes públicos y la iniciativa privada, urgida por la necesidad de atajar una crisis sanitaria sin precedentes, hizo posible que las primeras referencias vacunales hayan estado listas para su aplicación en menos de un año.

Así las cosas, con las vacunas ya disponibles, aunque aún en cantidades limitadas, la comunidad internacional enfrenta ahora su segundo gran reto: distribuirla a la población mundial.

¿Cuál es el criterio de ese reparto? ¿Cómo se prioriza? En el seno interno de cada país no ha habido grandes dudas: los planes de vacunación, plenos de sentido común, establecen prioridades entre los distintos colectivos sociales en función de su riesgo de contagio y de su vulnerabilidad a la enfermedad.

Pero en la otra coordenada del reparto, en su dimensión planetaria, a la hora de decidir qué regiones del mundo tienen acceso prioritario al fármaco, todo criterio se ha abandonado al albedrío de la «mano invisible» de los mercados.

En otras palabras: los países que han podido establecer contratos con las empresas productoras de vacunas y pagar por ellas, ya las tienen, mientras el resto parece abocado a depender de la solidaridad y la buena voluntad de los diferentes actores internacionales implicados.

Por ello, es en esta fase de la lucha contra el covid-19 donde la estructura básica del capitalismo imperante, profundamente asimétrica, comienza dejarse sentir, una vez más, a través de la brutal desigualdad que impone al reparto de los recursos valiosos en el mundo. El resultado de esta inercia socioeconómica ya arroja cifras alarmantes: el 16 % de la población ya ha reservado el 60 % del suministro de vacunas, según datos de la Universidad de Duke, en EE.UU.

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