- La negativa de la oposición en el Congreso a darle potestades extraordinarias al Gobierno contrasta con la postura a favor que mayoritariamente tiene la población.
El Poder Ejecutivo formalizó hace 19 días ante el Congreso de la República su pedido para que se le otorguen facultades para legislar por 120 días en ocho ejes temáticos y 66 puntos específicos referidos a seguridad ciudadana, fenómeno de El Niño, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otros.
A la fecha, sin embargo, es poco o casi nada lo que se ha avanzado en lo que respecta a darle al gobierno de Keiko Fujimori las herramientas legales para implementar su plan de gobierno y, principalmente, enfrentar el problema de la inseguridad y criminalidad organizada y los embates del fenómeno de El Niño que ya empezó a golpear diversas regiones del país.
Siete comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados han emitido opinión contraria al otorgamiento de facultades, cuatro aún no fijan postura y la Comisión de Constitución ha pateado la discusión y eventual aprobación de un dictamen hasta el lunes 28 de septiembre.
La posición del Legislativo se contrapone a lo que reclama la ciudadanía que en un porcentaje mayor al 70% reclama que se le den al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en materia económica y de seguridad.
Lo revela así la última encuesta nacional de Ipsos realizada para Perú21 que da cuenta de que el 79% de la población está a favor de la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad y resguardo de establecimientos penitenciarios, y que el 77% respalda el uso de herramientas como la geolocalización, el rastreo de comunicaciones y el bloqueo de dispositivos para el combate de actividades ilícitas.
El estudio, además, señala que se deben dar medidas para fortalecer el derecho a la legítima defensa (76%) y establecer un marco legal para que determinadas organizaciones criminales —como El Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría, según ha indicado el Gobierno— sean catalogadas como organizaciones terroristas (68%).
De espaldas a la población
Los resultados de la encuesta de Ipsos, asimismo, contrastan con las argumentaciones esgrimidas por la oposición de que el proyecto del Ejecutivo no contiene puntos urgentes de la agenda nacional. El sentir ciudadano —lo dicen las cifras— es contrario a esta afirmación.
Un 81% de peruanos, por ejemplo, está de acuerdo con que se facilite la formalización de las micro y pequeñas empresas, el 73% con la simplificación de procedimientos para ejecutar proyectos de inversión y un 68% con que se eliminen los topes a las tasas de interés, una norma que en el anterior Congreso impulsó, de manera populista, el partido Podemos y que, en lugar de convertirse en una ley contra la usura, “en verdad es pro-usura”, según lo ha explicado el ministro de Economía, Elmer Cuba.
La revisión del régimen de feriados también se posiciona en los primeros lugares del listado de medidas que apoya la ciudadanía con un 66%, junto con el tema de la transformación digital en el sector público y privado con un 64%, medida esta última que —han explicado los ministros— permitiría optimizar aspectos tan cotidianos como la tramitación de citas médicas, garantizar la transparencia de la gestión y optimizar la distribución de recursos.
De otro lado, Ipsos también les preguntó a los encuestados si están a favor o en contra del despido de personal que ingresó “por razones políticas o favoritismo y no por concurso de méritos” a la administración pública, y en este punto la respuesta es contundente. Un 77% avala la salida de muchos trabajadores que en el último quinquenio ingresaron tanto al gobierno nacional como a los gobiernos regionales. Solo un 18% se manifestó en desacuerdo y un 5% no precisa.
Mejor, igual, peor
A la luz de estos resultados, además, hay un 37% de peruanos que cree que el gobierno de Keiko Fujimori será mejor que los que transitaron en el quinquenio 2021-2026 —bajo la conducción de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar sucesivamente—. Este porcentaje se eleva a un 51% a nivel de Lima, pero baja al 30% en el interior del país. Otro 31% considera que será igual y un 20% estima que será peor.
Posiciones en el Congreso
En medio de este panorama, el Poder Ejecutivo sigue buscando lograr consenso en la Cámara de Diputados en torno a su pedido de facultades. Hasta el momento, el primer ministro Luis Galarreta se ha reunido con los bloques de Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno. No ha ocurrido lo mismo con Ahora Nación y Juntos Por el Perú.
El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, dijo que, al margen de lo que resuelva el Congreso, en el Ejecutivo están trabajando con las herramientas legales que tienen a disposición.
“En Producción hemos dado 19 medidas para reactivar la pesca artesanal, pero hay otras que deben ser modificaciones con rango de ley. Lo que podemos hacer y está dentro de nuestras facultades ya se está haciendo”, manifestó.
Por su parte, el diputado Jaime Abensur de Fuerza Popular cuestionó que se dilate el debate del dictamen en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja incumpliendo lo establecido en el reglamento de dicha instancia, que en su artículo 116º precisa que el plazo para dictaminar las proposiciones legislativas del Poder Ejecutivo es de hasta quince días hábiles improrrogables.
FUENTE: PERU21