- Contralor César Aguilar señaló que el gobierno regional no resuelve consultas clave sobre el auditorio, piscina y coliseo poniendo en riesgo la entrega programada para noviembre de 2026
El contralor general César Aguilar Surichaqui, junto a un equipo especializado, realizó una inspección de control a la obra de la emblemática Institución Educativa San Ramón en la provincia de Tarma, donde identificó situaciones adversas que comprometen la calidad y el cronograma de ejecución del proyecto, valorizado actualmente en S/ 108 306 487.
Durante la supervisión, el contralor expresó su preocupación por la falta de celeridad del Gobierno Regional de Junín para absolver consultas técnicas fundamentales. Según indicó, existen pendientes de enero y febrero de este año que frenan el avance en sectores vitales como el auditorio, la piscina y el coliseo.
«Si no se absuelven las consultas, ¿cómo se va a entregar la obra? No queremos que el próximo año los 1570 alumnos beneficiarios se queden sin infraestructura», enfatizó Aguilar Surichaqui, tras anunciar la instalación de una comisión especial de seguimiento para evitar que el ritmo de trabajo se detenga.
ALERTAS SOBRE LA CALIDAD Y SEGURIDAD
En el Informe de Hito de Control n° 420-2026-CG/GRJU-SCC (evaluación del 24 de febrero al 6 de marzo de 2026) se detallan riesgos severos en la construcción como la segregación de concreto, fisuras y vertimientos incompletos en vigas y columnas, lo que afecta la resistencia y vida útil de la edificación. Asimismo, se observó la falta de medidas de protección en trabajos de altura y almacenamiento inadecuado de materiales, exponiendo la integridad de los obreros.
A pesar de que el monto total de inversión ha ascendido a más de 108 millones de soles debido a adicionales de obra, la Contraloría alertó sobre una falta de coincidencia entre lo ejecutado y lo pagado. Mientras la ejecución financiera alcanza el 64 %, el avance físico acumulado del contrato principal a enero de 2026 es de apenas 43 %.
La obra tiene como fecha de término actualizada el 18 de noviembre de 2026. Sin embargo, la demora en la revisión de la calidad del suelo y la falta de respuestas técnicas por parte de la entidad regional amenazan con incumplir dicho calendario.