La mandataria Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros de Estado tras la renuncia del ahora expresidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, quien dejó el cargo en medio de las cuatro mociones de censura presentadas en su contra por diversas bancadas del Congreso.

El nuevo gabinete estará ahora liderado por Eduardo Arana Ysa, quien se desempeñó como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y queda conformado de la siguiente manera:

Presidente del Consejo de Ministros – Eduardo Arana Ysa

Ministerio de Defensa – Walter Enrique Astudillo Chávez

Ministerio de Economía y Finanzas – Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo

Ministerio del Interior – Carlos Alberto Malaver Odias

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Juan Enrique Alcántara Medrano

Ministerio de Educación – Morgan Niccolo Quero Gaime

Ministerio de Salud – César Henry Vásquez Sánchez

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Ángel Manuel Manero Campos

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo – Daniel Ysaú Maurate Romero

Ministerio de Producción – Sergio González Guerrero

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Úrsula Desilú León Chempén

Ministerio de Energía y Minas – Jorge Luis Montero Cornejo

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – César Carlos Sandoval Pozo

Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento – Durich Francisco Whittembury Talledo

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Fanny Esther Montellanos Carbajal

Ministerio del Ambiente – Juan Carlos Castro Vargas

Ministerio de Cultura – Fabricio Alfredo Valencia Gibaja

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Leslie Carol Urteaga Peña

FUENTE: RPP

El escenario fue la plaza Bolívar del Palacio Legislativo, donde estuvieron el coronel PNP José Luis Santillán Mendoza, jefe de la División de Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú; Angela Vilcara Acosta, coordinadora regional de la provincia constitucional del Callao; Sergio Flores Arnedo, coordinador regional del departamento de Lima y representantes de juntas vecinales de más de 150 distritos de las regiones policiales de Lima Departamento y Callao.

En su discurso, la parlamentaria reconoció que, desde su creación, las juntas vecinales vienen siendo aliados cruciales para la lucha contra la inseguridad ciudadana, y brindan un apoyo trascendental para la Policía Nacional.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

Recientemente el Trader de Divisas de Renta4 SAB, Asvim Asencios, precisó que la caída del billete verde se debe a la situación económica en Estados Unidos.

«Es una corrección a nivel global, impulsado por los datos económicos en la principal economía del mundo que es Estados Unidos, donde los datos del PBI e inflación salieron menor a lo esperado», señaló.

Por su parte, el analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Teodoro Crisólogo, señala que, ante estos riesgos económicos, ahora hay más apuestas de una pausa en el alza de tasas de interes en Estados Unidos.

«Los mercados han comenzado a anticipar que la Reserva Federal de Estados Unidos estaría cada vez más próxima a ponerle una pausa a las subidas de tasas de interés que venía realizando para combatir los altos niveles de inflación. Esta posible pausa ha elevado nuevamente el apetito por riesgo en los mercados financieros, cotizaciones como el cobre también han subido y se ha registrado una mayor fortaleza de mercados emergentes como el Perú», explicó.

FACTORES LOCALES

Otros analistas indican que entre los factores locales que han generado la reducción del tipo de cambio en el Perú es el menor ruido político frente a lo que veíamos hace unos meses.

«El ruido político ha bajado, hay más confianza que en el Gobierno anterior y eso hace que entren un poco más de capitales y están un poco mejor las cosas y eso hace que el sol se aprecie frente al dólar», dijo el economista Alberto Arispe.

El economista de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Melvin Escudero, explica que sin incertidumbre en el mercado peruano, el dólar podría tener una mayor caída.

«¿Cómo podría bajar más? Si el Perú logra una estabilidad política, que todavía está difícil, necesitamos pasar por una reforma política. En el gobierno actual, aunque se siente una relativa calma, las condiciones son impredecibles, en cualquier momento puede haber cambios (…) Esa latente incertidumbre está evitando que entre inversión extranjera y mantiene el dólar a este nivel, si hubiera más confianza el dólar estaría a niveles de 3.60, 3.50», sostuvo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL SOL?

Y mientras el dólar se debilita, el sol peruano se fortalece y es considerada la moneda más estable de Latinoamérica.

Incluso en Bolivia ahora se está optando por comprar soles debido a la escasez de dólares en este país, así lo explicó la economista de la red de estudios para el desarrollo, Mónica Muñoz Nájar.

«El último mes básicamente la compra de dólares solo se podía dar en el banco central boliviano, incluso se llegaron a dar citas y muchas veces las citas se demoraban hasta 2 semanas (…) Y es por eso que varios ciudadanos bolivianos optaron por comprar lo que sí se podía comprar que es sol, que es una moneda que la ven como más estable, lo ven como una alternativa buena. En principio para nosotros es algo positivo, aumenta la demanda de nuestra moneda”, sostiene.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resalta que la fortaleza del sol peruano se debe a la sostenibilidad fiscal y el buen manejo monetario del Banco Central de Reserva.

Además, el MEF recuerda que el Perú cuenta con un nivel alto de reservas internacionales y, pese al alza de precios, tendríamos una de las inflaciones promedio más bajas de Latinoamérica.

FUENTE: RPP

Autoridades de las instituciones de la provincia de Chanchamayo participaron de una conferencia de prensa, donde dieron a conocer el lamentable fallecimiento de 03 personas a causa del dengue

El director ejecutivo de la Red Integrada de Salud Chanchamayo, M.E. José Cifuentes detalló que, a la fecha; de acuerdo al reporte epidemiológico hasta la semana 9, 514 personas han dado resultado positivo a causa de la picadura del mosquito y 03 fallecidos.

Las autoridades coincidieron en que la mejor manera de combatir el dengue es eliminando los criaderos donde se almacena el agua de lluvia, por lo que, el titular de la RIS Chanchamayo invocó a la población sumarse y eliminar los criaderos del zancudo del dengue.

Para combatir al mosquito aedes aegypti, los periodistas de Chanchamayo se comprometieron en brindar un espacio durante sus programas noticieros, a los responsables de las estrategias de metaxénicas para sensibilizar a la población, sin costo alguno.

Asimismo, los titulares de la UGEL Chanchamayo y la Universidad Juan Santos Atahualpa se comprometieron en educar a los alumnos a cerca del dengue, con la finalidad de tomar conciencia y eliminar los criaderos del mosquito en sus viviendas.

Dato: El Ministerio de Salud ha lanzado una campaña. Hazle el pare al dengue ¡Sin criaderos, no hay zancudos!

En la conferencia de prensa participaron las autoridades de la Red Integrada de Salud Chanchamayo, FAP Base San Ramón, Policía Nacional del Perú, Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Municipalidad Distrital de San Ramón, Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa, Ugel Chanchamayo, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Asimismo, con 28 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó el documento que recomienda acusar constitucionalmente a Juan Silva, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

Del mismo modo, con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe contra Geiner Alvarado, en su condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por el presunto delito de organización criminal.

Diego Bazán y Lady Camones sustentarán el informe final ante el pleno

Finalizada la votación, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, pidió ser ella, junto al parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, sustentar el informe final contra Castillo Terrones.

«La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales propone como subcomisión acusadora al congresista Diego Bazán Calderón y a la suscrita, Lady Camones Soriano, a efectos de que sustentemos el informe final y formulemos acusación ante el pleno del Congreso de la República», aseveró.

El presidente de la Comisión Permanente, José Williams, llamó al voto para aprobar la propuesta de Camones. Posteriormente, con 20 a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, el grupo de trabajo parlamentario aprobó que sean Camones y Bazán los encargados de la sustentación.

FUENTE: RPP

Luego de despedir al gabinete ministerial, se realizó la consulta con el resultado de  73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones.

Previamente, el presidente del Congreso José Williams Zapata dio lectura del artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República,  por el cual el presente acuerdo será comunicado de inmediato a la señora presidenta de la República.

Por la mañana intervino el presidente del Consejo de Ministros, quien expuso por cerca de dos horas la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, en cumplimiento a lo dispuesto en la Carta Magna y el Reglamento del Congreso.

El debate parlamentario sobre el pedido de la cuestión de confianza concluyó poco después de las 9:30 de la noche.

DEBATE

Por la tarde, congresistas de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de hacer una ardua investigación con el propósito de identificar a los verdaderos responsables.

El congresista Víctor Flores Ruiz, (FP), resaltó el buen trabajo que viene haciendo el actual gabinete de Luis Otárola, de quien dijo, a diferencia de otros, éste ha presentado proyectos para sacar adelante el país.

Alejandro Cavero Alva, de Avanza País, dijo que dará el voto de confianza porque es  momento de recuperar nuestro país, para ello es necesario apostar por la paz y la tranquilidad como lo quiere la mayoría de peruanos y vencer a la violencia de la izquierda luego de año y medio de desgobierno. “Las instituciones y el estado de Derecho estarán de nuestro lado”, manifestó.

El parlamentario Roberto Chiabra León, (APP), consideró que los conflictos al interior del país se generan por la incitación a la violencia que se hacía en todos los Consejos de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo; no obstante, instó a que se identifique y sancione a todos los que resulten responsables.

Asimismo, Alejandro Aguinaga Recuenco, (FP), expresó su solidaridad con las familias de los deudos tras las protestas en Puno, al mismo tiempo que lamentó que la violencia se quiera justificar pretendiendo restituir el poder al expresidente Pedro Castillo, con una Asamblea Constituyente y la destitución de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte.

Waldemar Cerrón Rojas, (PL), señaló que la democracia no se defiende a “punta de bala”, ni se construye una democracia con el miedo y el terror.

Su colega de la misma bancada, Alex Flores indicó que el pedido de voto de confianza al Gabinete es una falta de respeto a la memoria de los más de 40 fallecidos en las protestas.

La legisladora Maricarmen Alva Prieto, (AP), manifestó su respaldo al gabinete Otárola en estos momentos difíciles que atraviesa el país, pero no para darle carta blanca porque seguirá impulsando la necesaria fiscalización.

La congresista Margot Palacios Huamán, (PL), dijo que dar un voto de confianza al gabinete de Luis Otárola significa ser cómplice de las muertes de este gobierno militar. “Su programa se reduce a violencia represiva y bala contra el pueblo”, expresó.

A su turno, Segundo Quiroz Barboza, (BMCN), advirtió que la crisis política que se vive en el país viene perjudicando nuestra economía e instó a todos los peruanos a reflexionar y dar una pronta solución política.

El representante de Puno, Carlos Zeballos Madariaga, (PP), advirtió que su región ha sido olvidado por muchos años, atacada de manera desmedida, con cuencas contaminadas por la minería ilegal, por niños con metales pesados en el cuerpo y hospitales que desde hace 40 años se han construido y hoy lucen precarios.

Además, de obras paralizadas por lo que el pueblo pide una verdadera reivindicación con proyectos viables para emprender mejoras en la zona.

En razón a ello solicitó una comisión investigadora, toda vez, que no es posible que se utilice armas de fuego. “No más confrontaciones, desde este gobierno hay que hacer un mea culpa”, acotó.

Sigrid Bazán Narro, (CD), dijo que lo que está ocurriendo en el país es una masacre. Consideró que las graves violaciones a los derechos humanos van a perseguir por siempre a este gabinete. “Señores ministros tarde o temprano la justicia los va alcanzar”, aseveró.

Finalmente, Alfredo Azurín Loayza, (SP), calificó los hechos ocurridos en Puno como actos violentistas para infundir terror en la población, atentando contra la vida y la propiedad pública y privada. Por ello, en el marco de la política general del Gobierno, instó al presidente del Consejo de Ministros a repotenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Antes de culminar la sesión, a propuesta de la bancada de Perú Libre, el Pleno aprobó, por mayoría, que la congresista María Agüero Gutiérrez, (PL), integre la Comisión Especial de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo Periodo Parlamentario 2021-2026.

La votación fue de 108 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES

Dina Boluarte mantiene a Julio Demartini como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga Peña es la nueva ministra de Cultura, en reemplazo de renunciante Jair Pérez Brañez, Albina Ruiz Ríos continuará como ministra del Ambiente. Grecia Elena Rojas Ortiz fue ratificada como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Hania Pérez de Cuellar, se mantiene como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Paola Lazarte Castillo proseguirá como ministra de Transportes y Comunicaciones, Oscar Vera Gargurevich sigue como ministro de Energía y Minas, otro de los ratificados es Luis Fernando Helguero González en la cartera de Comercio Exterior y Turismo.

Sandra Belaunde Arnillas seguirá como ministra de Producción, Eduardo García Birimisa, fue ratificado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, Nelly Paredes del Castillo se mantiene en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Rosa Gutiérrez Palomino, se queda en la cartera de Salud, José Tello se queda como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, el nuevo titular del interior es Víctor Rojas Herrera en reemplazo de César Cervantes.

Alex Alonso Contreras Miranda fue ratificado como ministro de Economía, Jorge Luis Chávez Cresta juró como ministro de Defensa en reemplazo de Alberto Otárola, Ana Gervasi Díaz se queda  como ministra de Relaciones Exteriores,

Con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, el Parlamento logró la mayoría necesaria para aprobar el dictamen, aunque aún debe ser ratificado en la próxima legislatura que inicia en febrero del 2023.

Vale recordar que la Comisión de Constitución presentó un dictamen que proponía los nuevos comicios para diciembre del 2023, cuyas autoras eran las congresistas Digna Calle y Susel Paredes. Sin embargo, esta propuesta no alcanzó el consenso en la sesión del Pleno del pasado 16 de diciembre.

Para el último Pleno, Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, presentó un texto sustitutorio que establecía el adelanto de elecciones para abril del 2024, tal como fue la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, con esta modificación, se aprobó el dictamen de dicho grupo de trabajo.

¿Qué reformas políticas evaluará la Comisión de Constitución?

Como se sabe, la mayoría de bancadas de oposición coincide en que, antes de convocar a las elecciones del 2024, se debe realizar reformas políticas y electorales. En ese sentido, las reformas que más consenso tienen en dichos grupos parlamentarios son el retorno de la bicameralidad y la reelección inmediata de congresistas.

Mañana viernes, a las 9 am., la Comisión de Constitución realizará su 13° sesión extraordinaria en la que tienen agendado evaluar tres proyectos de ley que plantean reformas de este tipo: los de los congresistas no agrupados Roberto Chiabra y Edward Málaga; y el del congresista Juan Burgos de Avanza País.

Impedimentos para ejercer cargos públicos

En dicha sesión, el congresista Roberto Chiabra sustentará la «Ley de Reforma Constitucional que fortalece la estabilidad Democrática de la Nación». El proyecto busca «precisar y/o modificar artículos que permitan el ejercicio transparente y eficiente de las funciones en la estructura del Estado» sometidas a elección popular.

Tales reformas indican que «no pueden participar de forma directa o indirecta, ni financiar organizaciones políticas» aquellas personas que «cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delitos dolosos».

Asimismo, tampoco podrían participar «los condenados con sentencia firme y ejecutoriada por la comisión de los delitos de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, violencia familiar, contra la libertad sexual, reconocimiento de paternidad y sentencia por alimentos, ni los autores, coautores, o cómplices de delitos de lesa humanidad, de secuestro, de homicidio calificado y/o asesinato, aun cuando cumplido o remitido en todo o en parte su condena».

El proyecto indica que los partidos políticos serán «responsables» de «separar» a quienes incurran en estas prohibiciones, «bajo sanción de suspensión del registro electoral» por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, el texto indica las mismas restricciones para aquellos funcionarios que deban ser designados en cargos de confianza.

Otra reforma importante que propone el congresista Chiabra es que los congresistas no podrán ser designados como ministros de Estado.

«El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de integrar representativamente comisiones extraordinarias de carácter internacional, para lo cual se requerirá previa designación y autorización del Congreso de la República», indica la propuesta.

Además, el proyecto establece que el mandato de los congresistas «es renunciable».

«La renuncia (…) será irrevocable y solo podrá presentarse entre el primer y cuarto año del periodo legislativo. El Oficial Mayor comunica la misma, en el plazo de 24 horas a la Comisión Permanente y es aprobada por el Pleno del Congreso de la República (…) Una vez aceptada la renuncia, se nombra en ese mismo acto y de inmediato al congresista accesitario, quien debe juramentar dentro de las 48 horas siguientes», indica el proyecto.

Sincronización de elecciones parlamentarias y segunda vuelta presidencial

Este viernes, el congresista Edward Málaga sustentará también, ante la Comisión de Constitución, el proyecto de ley «que sincroniza las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial de tres candidaturas». Dicha iniciativa modifica dos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones.

«Con una segunda vuelta de tres candidaturas se busca devolver a la ciudadanía la confianza en el sistema democrático, que se ha visto decepcionada durante las últimas décadas por tener que depositar el futuro del país entre dos opciones que no generan consensos y que, más bien, son opuestas sustancialmente», señala el proyecto en su fundamentación.

Esta iniciativa legislativa indica que si algún candidato presidencial no alcanzó más de la mitad de los votos válidos, «se procede a efectuar una segunda elección el primer domingo de junio, entre los tres candidatos que obtuvieron la votación más alta»

«Al constar de 3 candidaturas, la presente reforma normativa asegura que la segunda vuelta no solo contemple a dos candidatos que pueden reflejar posturas políticas radicales u opuestas entre sí, sino que viabiliza que ascienda una tercera opción que puede generar mayor consenso», señala el documento.

Asimismo, el proyecto indica que las elecciones para congresistas se realizan el primer domingo de junio, es decir, junto a una eventual segunda vuelta con 3 candidatos presidenciales.

«Esta norma tiende un puente entre la clase política y los ciudadanos, pues será el electorado que decidirá, en el marco de una segunda vuelta, si le otorga mayor poder al Poder Ejecutivo a través del voto de congresistas oficialistas o si le concede la confianza a los grupos de oposición que ejercerán el control político y la fiscalización a los actos de gobierno», indica el proyecto del congresista Málaga.

Modificación del artículo 117 de la Constitución

El tercer proyecto de ley referido a reformas políticas que será sustentado en la Comisión de Constitución es el del congresista Juan Burgos que propone la modificación del artículo 117 de la Carta Magna «con la finalidad de fortalecer el régimen político».

De este modo, se propone que el presidente de la república pueda ser «investigado y acusado durante su periodo por la comisión de los delitos de traición a la patria, terrorismo, violación a la libertad sexual, feminicidio, organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio (…), negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, o enriquecimiento ilícito».

Asimismo, señala que el jefe de Estado puede ser «acusado por la comisión de infracciones constitucionales».

Entre estas infracciones, además de las ya establecidas en la Constitución, agrega: «elegir ministros para producir una crisis política, interferir en las actividades del Poder Judicial, Ministerio Público o Tribunal Constitucional, realizar graves violaciones a tratados internacionales (…), expedir decretos de urgencia en materia tributaria (…), disponer el ingreso de las FF.AA. y de la PNP en el Congreso sin autorización del presidente del Parlamento (…), y decretar estado de emergencia o de estado de sitio por un plazo indeterminado o fuera del plazo que establece la Constitución».

Cabe señalar que las reformas políticas y electorales que la Comisión de Constitución dictamine, deberán ser elevadas al Pleno del Congreso para su aprobación. Dichas reformas – según señaló el abogado en derecho electoral, Roy Mendoza – podrán ser aprobadas hasta un año antes de las elecciones, es decir, hasta abril del 2023, si es que el proyecto es ratificado en la siguiente legislatura que inicia en febrero del próximo año.

Dada esta situación, el Pleno del Congreso tiene poco más de dos meses para aprobar reformas que deberán ser acatadas por los partidos políticos que participen en los comicios previstos para abril del 2024, los cuales deberán ser convocados en julio del año entrante.

FUENTE: RPP

Panorama reveló ayer que uno de ellos es Jorge Chero Herrera, “camarada Diego”, que -según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote)- fue apresado en 1995 a los 42 años por ser integrante de Socorro Popular del Perú, un organismo generado de Sendero Luminoso.

En palabras de Oscar Arriola, jefe de la Dircote, Socorro Popular era el organismo senderista que se encargó de asesinar a la luchadora social María Elena Moyano y de perpetrar el grave atentado contra el canal Frecuencia Latina y el del edificio de Tarata.

Otro de los rostros de las protestas es Javier Melgarejo Mallma, “camarada Javier”. De acuerdo con Panorama, el 11 de noviembre estuvo en una reunión con el preso expresidente Pedro Castillo en la que también participaron otros dirigentes subversivos de San Juan de Lurigancho.

“Javier” también fue parte de Socorro Popular y en 1989 fue encarcelado en el penal Miguel Castro Castro por terrorismo. Lo curioso es que a pesar de estos antecedentes, trabajó en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

También fue identificada en las manifestaciones Hilda Chulluncuy Madueño, conocida por la Policía como la “camarada Susana”. Estuvo condenada por terrorismo en 1989 por la incursión armada a un puesto de comida en el Mercado Mayorista de Huancayo.

Según la Dircote, cuando fue capturada se le encontraron dos armas de fuego y varias mechas de dinamita.

SENDERISTAS

De acuerdo con Panorama, también se infiltraron en las marchas Elliot Anthony Flores, actual militante del Movadef. También Julia Valdiviezo, del Conare-Sutep. Otros nombres son los de Diego Motta Villegas, del MRTA, y Jason Alvarado, un sujeto vinculado a Sendero Luminoso.

Así como ellos, siempre según el dominical, hubo otros “manifestantes” que cumplieron penas por terrorismo o están vinculados a estas organizaciones.

En el reportaje se identificó a Pavel Yábar Gonzáles como uno de los azuzadores del cobarde ataque a las instalaciones de Panamericana Televisión.

Se indicó que otras personas, que fueron autores o azuzadores de los daños ocasionados en todo Lima están a disposición de la Policía y la Dircote.

En tanto, se reveló que Martha Uriarte Burga, una excandidata para la alcaldía de El Agustino, fue una de las azuzadoras del vandalismo y pidió “muerte” a los limeños, a los magistrados del Poder Judicial y la liberación del golpista Pedro Castillo.

FUENTE: DIARIO CORREO.

El magistrado precisó que la prisión preventiva se computará hasta el 6 de junio de 2024. Además, notificó su decisión al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el “traslado e internamiento” del investigado.

Asimismo, Checkley impuso comparecencia restringida con reglas de conducta para Aníbal Torres en su condición de exasesor de la Presidencia de Consejo de Ministros. En su caso, pesó su delicado estado de salud acreditado por exámenes médicos presentados por su defensa legal.

Entre las reglas de conducta para Torres están no ausentarse del lugar en que reside (Lima y Callao) sin autorización judicial; presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cada vez que sea requerido; no comunicarse con sus coimputados y testigos del caso, así como cancelar 20 mil soles como caución en los próximos tres días hábiles.

En el caso del ex primer ministro, el juez dispuso que no se ausente del lugar en que reside (Lima y Callao) sin autorización del PJ.

Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para ambos por los delitos de rebelión y/o conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero el magistrado solo declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y aceptó la prisión para Castillo Terrones.

El exmandatario venía cumpliendo su detención preliminar en la sede policial de la Dirección Nacional de Operaciones (Dinoes) desde el 7 de diciembre.

Sin embargo, se espera que la Junta Técnica de Clasificación del INPE defina en qué centro penitenciario deberá cumplir su prisión preventiva.

“Toda persona privada de su libertad ingresa al sistema y es clasificada por una junta, esta junta dirá qué penal le corresponde, cuando decidan ellos, emitiremos un comunicado para que la población tome conocimiento”, dijo en la víspera el jefe del INPE, Federico Llaque.

Ayer, tras la lectura de la resolución, la defensa legal de Pedro Castillo, asumida por el abogado Italo Díaz, apeló la resolución judicial y será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la que revise dicho en los próximos días en audiencia pública.

De igual manera, el tribunal supremo analizará la apelación presentada por la Fiscalía para insistir en la prisión preventiva contra Aníbal Torres Vásquez.

LOS ELEMENTOS. El mensaje a la Nación que dio Pedro Castillo en su último día como jefe de Estado, en el que anunció un régimen de excepción, el cierre del Congreso y la intervención de los organismos constitucionalmente autónomos que conforman el sistema de justicia, fue fulminante para que el juez Juan Carlos Checkley determine que existen elementos de convicción que vinculen al exmandatario con el delito de rebelión.

En ese sentido, Checkley, al leer el acta fiscal que recogió el mensaje de Pedro Castillo, determinó que la Fiscalía cumplió con presentar los elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito de rebelión y alternativamente con conspiración.

Castillo habría concertado con la entonces premier Betssy Chávez; con el asesor de la PCM, Aníbal Torres; con Willy Huerta Olivas como ministro del Interior y Roberto Sánchez como titular de Comercio Exterior para cometer el delito de rebelión, materializado a través del citado mensaje presidencial.

El juez también tomó en cuenta la orden que dio Castillo Terrones al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado para disponer el cierre del Congreso, impedir el ingreso de ninguna persona a dicha institución y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Asimismo, el magistrado señaló que, según los indicios presentados por la Fiscalía, Pedro Castillo se habría aprovechado de su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía para ordenar a dichas fuerzas el alzamiento en armas en contra del orden constitucional y los poderes del Estado.

Según el juez, no se requiere que este alzamiento en armas se concrete: el solo mensaje de la persona que ostenta la primera magistratura del país pesa más, esto a pesar de que finalmente las fuerzas del orden rechazaron acatar dicha medida.

Por ello, la Fiscalía le imputa al exjefe de Estado alternativamente el delito de conspiración.

Respecto al peligro procesal, otro de los requisitos para la prisión preventiva, Checkley determinó que sí se cumple al tener en cuenta que Pedro Castillo intentó fugarse tras el mensaje presidencial, buscando asilo político en la embajada de México.

En esa línea, dijo que la Fiscalía cumplió con entregar los elementos de convicción sobre el peligro de fuga como la declaración del canciller de México ofreciendo asilo, la declaración del escolta y la visita del embajador mexicano a la DINOES, entre otros.

Sobre el pronóstico de la pena en una eventual sentencia condenatoria por este caso, el Ministerio Público estimó que Castillo recibiría una sanción de 10 años de cárcel como mínimo, tras realizar una sumatoria por los delitos de rebelión (alternativamente conspiración) y como presunto autor de abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.

Así se cumplieron los tres requisitos de ley para la imposición de la prisión preventiva en el caso del expresidente.

SE SALVA. Respecto a Aníbal Torres, pesó su estado de salud, acreditado por exámenes médicos, para que el Poder Judicial dicte comparecencia con restricciones. Según se informó, sufre de diabetes, insuficiencia prostática y presión alta. Además se argumentó que tiene 79 años.

Vale recordar, sin embargo, que Torres anunció que iba a pasar a la clandestinidad el último sábado tras haber conocido que fue incluido por la Fiscalía de la Nación en esta investigación por el delito de rebelión y otros.

Con las reglas de conducta, Torres debería reaparecer ante la opinión pública, puesto que debe concurrir al juzgado el 29 de cada mes mientras siga siendo procesado.

El expremier se presentó en horas de la mañana virtualmente en la audiencia, luego de que su abogado Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial, replicara los argumentos de la Fiscalía.

Sin embargo, Torres no se manifestó al término de la resolución del juez Checkley.

FUENTE: CORREO