LA PROVINCIA DE TARMA TIENE OCHO BOTADEROS DE BASURA.

Imagen referencial.
  • El Ing. Julio Vicuña, responsable de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la MPT, señaló que en la provincia existen 8 botaderos, es decir unos por cada distrito, con excepción del distrito capital.

Salvo el distrito capital de Tarma que cuenta con un relleno sanitario, los demás distritos de la provincia solo cuentan con botaderos de basura, botaderos que son mal gestionados y que se han convertido en un riesgo para el medioambiente y la salud de las personas.

El Ing. Julio Vicuña, con respecto al botadero de Huaylara, en Huaricolca, dijo que la entidad que debe tomar cartas en el asunto es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la municipalidad de Tarma podría realizar algunas recomendaciones, incluso notificar, pero no es su competencia intervenir.

Además, indicó, más allá del apoyo que se ha brindado con la limpieza de algunos circuitos de la carretera (hace dos meses), no han recibido ningún requerimiento de las autoridades de Huaricolca para brindar alguna orientación o apoyo con respecto a la situación de Huaylara.

OCHO BOTADEROS.

La OEFA ha señalado que los botaderos deben de mejorarse o cerrarse para recuperar esas áreas degradas utilizadas para arrojar la basura, se han dado plazos para que se presente la documentación de qué acciones se están realizando para cumplir con lo dispuesto por la OEFA, pero, se sabe, que solo el distrito de La Unión (Leticia), ha cumplido con presentar esa documentación, las demás municipalidades no lo han hecho.

Este hecho denota la poca importancia que la mayoría de las autoridades les da al tema del medioambiente. Lo más seguro es que, ante el incumplimiento de las disposiciones de la OEFA, las municipalidades sean sancionadas, aunque estas pueden alcanzar, también, a las autoridades y funcionarios.

Las autoridades y funcionarios municipales pueden ser legalmente responsables ante un atentado o daño al medio ambiente si este ocurre por acción directa, negligencia grave o por omisión de funciones (como no fiscalizar botaderos ilegales o no prestar adecuadamente el servicio de limpieza pública).

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