- Borrador del proyecto de delegación de facultades plantea crear incentivos económicos para que servidores públicos acepten una salida voluntaria del Estado como parte de una reorganización de la planilla. La propuesta también busca uniformizar los distintos regímenes laborales que hoy conviven en el sector público.
Tal como lo anunció Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación tras asumir la presidencia de la República, el Gobierno apunta a una “gran reforma del servicio civil”, el cual forma parte de la propuesta del pedido de facultades legislativas que presentará al Congreso.
Uno de los objetivos de esta iniciativa analizada por RPP es reducir la planilla estatal mediante incentivos económicos para que trabajadores del Estado renuncien voluntariamente a sus cargos, aunque señala que esto no implica despidos de quienes tienen contratos indefinidos.
“Establecer incentivos económicos de carácter voluntario, equivalente en su cálculo a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, dirigido a los servidores que opten libremente por su salida, según la propuesta que se realice”, se lee en el borrador del proyecto de delegación de facultades.
La exposición de motivos del proyecto señala que se busca ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales del Estado, reorganizar los recursos humanos y sincerar las plazas que realmente se requieren en las entidades públicas.
Y es que, actualmente, en el Estado conviven trabajadores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y la Ley del Servicio Civil.
¿CÓMO FUNCIONARÍA EL INCENTIVO POR RENUNCIA DE TRABAJADORES DEL ESTADO?
La propuesta busca ofrecer un incentivo económico a los servidores que decidan libremente dejar su plaza en el Estado. Para calcular ese monto, el Ejecutivo tomaría como referencia la indemnización por despido prevista en el régimen laboral privado.
¿DE CUÁNTO ES ESE MONTO?
El abogado laboralista Willman Meléndez explicó que en el régimen privado la indemnización para trabajadores con contrato a plazo indeterminado equivale, de manera general, a una remuneración y media por año de servicios, con un tope de 12 sueldos.
El especialista enfatizó que ello no significa que el Estado esté creando un despido con indemnización, sino que utilizaría ese mecanismo únicamente como base de cálculo para negociar una salida.
Aunque el borrador enfatiza en que este instrumento será voluntario, el abogado considera que ese será el aspecto que deberá cuidarse cuando la propuesta se convierta en una norma, la cual deberá garantizar que la decisión del trabajador sea completamente libre y sin presiones.
UN SOLO RÉGIMEN LABORAL EN EL ESTADO
La justificación de la propuesta señala que uno de los objetivos de la reforma es ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales que actualmente conviven en el Estado, donde trabajadores que realizan funciones similares pueden estar sujetos a reglas distintas en cuanto a sus remuneraciones, beneficios y protección laboral.
Actualmente, en el sector público coexisten servidores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, 1057 (CAS) y la Ley del Servicio Civil (Ley 30057). Según el Ejecutivo, esta diversidad ha generado una planilla heterogénea y con condiciones laborales diferentes entre trabajadores de una misma entidad.
Aunque el documento aún no precisa hacia qué régimen laboral se buscaría converger, Meléndez recordó que la Ley del Servicio Civil ya fue creada con el objetivo de convertirse en el régimen general del empleo público, pero que su implementación no ha concluido y actualmente continúa coexistiendo con los demás regímenes.