El concejero regional por Tarma, Víctor Quijada Huamán manifestó que mediante la Resolución Directoral (RD) 681 – 2018, de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), resolvió iniciar el procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 00188 – 2018 de la DIRESA, del 23 de agosto del presente año, emitida por el entonces Director Ejecutivo de la Red de Salud – Tarma, Luis Rodríguez Soriano.
De igual forma, en ese “contexto”, se indica, correr traslado a los trabajadores Mg. Luis Rodríguez Soriano, a la bachiller Maritza Alcalde Cavero, al Lic. En administración Miguel Ramírez Vásquez y a la CPC Mérida Salazar Astete, a quienes se les otorgó el plazo de cinco días para que realicen sus descargos, respecto a los fundamentos que se han expuestos en la referida resolución que tiene fecha del 24 de octubre de este año.
En agosto de este año de manera sorpresiva el ex director de la Red de Salud y tres funcionarios de confianza se elevaron el sueldo amprándose en algunas normas que según ellos, contemplaban este incremento de sueldo, en promedio en dos mil soles, cada uno. Poco antes el precio de atención en el área de emergencias del hospital se incrementó “hasta en 300%”, de lo que normalmente se cobraba 5 soles, la tarifa subió a 30 soles (casos leves) y a 50 soles (casos graves).
Este incremento en el “tarifario”, advirtió Quijada Huamán, sirvió para solventar el aumento de sueldos de estos funcionarios. Hecha la denuncia periodística en Radio Tarma, el concejero realizó los trabajos de “fiscalización”, necesarios y se comprobó que, efectivamente, se cobraba de manera exagerada por la atención en emergencias.
Ya la denuncia se interpuso ante la DIRESA, el Ministerio de Salud (MINSA) y el caso también amerita una denuncia penal. Cabe recordar que la resolución donde se “autorizaba” el incremento de sueldos tenía el membrete de la DIRESA, pero al final estaba firmada, esa resolución, por el ex jefe de Recursos Humanos, Juan Migue Ramírez Vásquez, lo que implicaría la falsificación de documentos, con la intención de sorprender a la DIRESA y a la Fiscalía.
Estos funcionarios no solo han sido retirados de sus cargos, según la fuente, sino que deberán de devolver lo que cobraron de manera “indebida”, con esta decisión se supone que las tarifas deberán de retornar a la “normalidad”, es decir que ya no se debería de pagar de entre 30 y 50 soles para acceder a la atención emergencia.